Periodista Gustavo González presentó artículo en publicación internacional

Derecho a la comunicación: reflexiones sobre un debate pendiente

El ex profesor del ICEI publicó un artículo de su autoría llamado "Los nuevos escenarios para el derecho a la comunicación en América Latina", material contenido en el libro "From NWICO to WSIS: 30 years of communication geopolitics", de ECREA (European Communication Research and Education Asociation) . En este artículo, el ex profesor González denuncia la grave situación que se observa en Latinoamérica en cuanto al derecho a la comunicación, libertad de prensa y concentración de medios.

La libertad de expresión es sólo una parte del derecho a la comunicación. "Es parte constitutiva del derecho a la comunicación, que es mucho más amplia", dice el ex profesor del ICEI Gustavo González. Vale la aclaración en tiempos de confusión conceptual: una dice relación con el derecho que le asiste a cada ciudadano o colectivo a decir, expresar y manifestar; la segunda apunta al derecho que cada sujeto tiene de informar. Y en eso Chile, aun dentro de un continente que exhibe serios problemas al respecto, fundamentalmente debido a la creciente concentración en la propiedad de los medios subregionales, es a las claras el caso más extremo de todos.

Para Gustavo González, la causa del problema apunta a un aspecto no debidamente debatido, básicamente porque, según explica en su artículo, "las libertades de prensa e información corresponden a realidades que no pueden ser caracterizadas exclusivamente a partir de parámetros legales o legislativos en los cuales el Estado aparece como la única amenaza potencial de estos derechos". Según el autor, tal enfoque supone un "reduccionismo que hace abstracción de las condiciones estructurales en las cuales el Estado actúa en concierto con el mercado, en un juego de poderes compartido en algunos países y antagónicos en otros".

El ex académico del ICEI da cuenta de un fenómeno presente en la gran mayoría de los países. "Se puede afirmar que la libertad de prensa no es absoluta. La posibilidad de crear medios y de convertirse en emisor de información está determinada por el poder económico. Esta libertad de empresa es exclusiva de los medios impresos y audiovisuales, con una tendencia acelerada e in crescendo en la concentración de la propiedad que contamina incluso el ciberespacio y desnaturaliza la imagen de internet como un espacio de libertad absoluta". Esto, desde luego, ha propiciado la irrupción de mega holdings comunicacionales, según puntualiza González en su artículo. "La gestación de holdings que monopolizan las empresas en generación y distribución de contenidos, así como de las entradas informativas lo demuestra, al igual que la censura que los motores de búsqueda como Google tienen, por ejemplo, para entrar en China y otros grandes mercados".

Junto con destacar el confinamiento de los medios independientes latinoamericanos en el sector puramente comunitario -donde prevalece limitaciones de difusión en condiciones de subsistencia-, Gustavo González recuerda que en el sector de la prensa tradicional se ha producido, en un fenómeno estadísticamente comprobable a partir de los trabajos realizados por los argentinos Martin Becerra y Guillermo Mastrini, un aumento "exponencial" de los complejos "monopólicos y oligopólicos" como Televisa en México, Grupo Cisneros en Venezuela, O Globo en Brasil y Grupo Clarín en Argentina.

Sociedad de la información

El ex profesor Gustavo González dijo que escribió este artículo en 2010 con motivo de un coloquio realizado en París para conmemorar el quinto aniversario de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que coincidió con un nuevo aniversario del Informe MacBride. "Fui invitado a participar en ese coloquio pero, por cuestiones de agenda, no pude asistir. Envié este artículo que fue muy comentado por los asistentes, y luego consideraron que tenía mérito de ser incluido en esta publicación", sostiene. El libro contiene una serie de artículos relativos al periodo que media entre el New World Information and Communication Order (NWICO, "Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación", o NOMIC en español) y la World Summit on the Information Society (WSIS).

Asimismo esboza una crítica a la manera en cómo la academia chilena ha enfocado este problema: "Centrar la discusión en las limitaciones a la libertad de expresión no parece del todo adecuado, más cuando está discusión se enfoca desde un prisma más liberal que transformador de la realidad. El Derecho a la Comunicación intenta poner en juego las relaciones políticas, sociales, económicas e incluso las culturales si consideramos la industria de contenidos culturales".

Asimismo, Gustavo González apuesta por observar lo que ocurre en países como Bolivia y Ecuador, "donde las constituciones respectivas prohíben oligopolios comunicacionales". Básicamente, y según cita González en su artículo, "no puede existir un verdadero derecho a la comunicación sin enfrentar las condiciones estructurales que rigen la comunicación social o comunicación de masas, cuyas reglas exclusivas han sido favorecidas por la mundialización neoliberal al punto de negar la libre competencia, regla de oro del liberalismo clásico".

¿Qué pasos ha de seguir Chile para revertir un cuadro que se repite en gran parte del continente, pero que en nuestro país llega al extremo? González sostiene que la alternativa es lejana. "Si algún día prospera la Asamblea Constituyente, sería bueno introducir elementos que resguarden ese derecho. De momento se requiere que las universidades, el Colegio de Periodistas y colectivos varios se abran a este debate y a este espacio de reflexión a objeto de hacer un cuestionamiento más severo", concluye. Mal que mal, sostiene, el gran debate sobre el Derecho a la Comunicación, producido en la década de los '80, pasó por el costado de académicos y periodistas. "Salvo entidades como CENECA y la labor de profesionales como Lidia Baltra, Fernando Reyes Matta, Giselle Munizaga y Valerio Fuenzalida. La preocupación predominante de los periodistas por aquel entonces estaba en hacer frente a las censuras y persecusiones de la dictadura", agrega.

Por de pronto, González cita a Armand Mattelart: "El derecho a la comunicación debe ser concebido como una extensión de los derechos del hombre en el dominio del derecho social, y también debe ser visto como una extensión del derecho a la información y de la libre circulación de las informaciones".

El libro contiene trabajos realizados por académicos e investigadores de renombre en el campo de la comunicación, como Mustapha Masmoudi, Michael Palmer, Julia Pohle, Alain Modoux, J.P. Singh, Divina Frau-Meigs y Roberto Savio. Los dos únicos latinoamericanos coautores del libro son Patricio Tupper (chileno, académico de París 8) y Gustavo González.