Exposiciones en proyecto conjunto entre el ICEI, UNESCO y UFRO

Transparencia: una de las tantas asignaturas pendientes de Sudamérica

Cuatro expertos sudamericanos dieron a conocer -en un coloquio llevado a efecto en el auditorio José Carrasco Tapia del ICEI- sus observaciones sobre Libertad de Expresión, Transparencia y Acceso a la información Pública en sus respectivos países.

En una Latinoamérica ideal, casi de ensueño, los ciudadanos y periodistas de cada uno de los países que integran el subcontinente serían más activos en cuanto a exigir información oportuna, clara y veraz a todos quienes administran el aparato estatal. Los gobiernos, que detentan el poder por voluntad popular y no por voluntad divina, actuarían en plena observancia de un derecho natural de sus soberanos -los ciudadanos- en un estado moderno. La oposición política haría otro tanto, y actuaría en consecuencia una vez haya logrado alternar en la conducción del estado...

Pero nada de eso ocurre: la realidad -unos más, otros menos- habla más bien de una postura refractaria de los gobiernos frente a leyes que apunten a transparentar sus actos administrativos, repentinos cambios de opinión de los opositores una vez llegados al poder y la reluctancia de los ciudadanos, en tanto servidos y a la vez contribuyentes del aparato público, a la hora de exigir cuentas claras que conserven la amistad cívica y prevengan irregularidades y actos de corrupción que tienden a minar la democracia.

Es muy probable que esta situación nos ayude comprender, en parte, el sempiterno subdesarrollo regional. ¿Qué ocurre en Perú? El encargado del área de monitoreo de libertad expresión para el Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS) y para el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), Luis Alarcón, tiene un crudo diagnóstico sobre la realidad de un país que experimentó los rigores de uno de los gobiernos más criminales y cleptocráticos de la Postguerra Fría, como efectivamente fue el gobierno de Alberto Fujimori . "Hemos caminado un largo trecho desde la era fujimorista para fortalecer una cultura de derechos y libertades. Una de ellas es el derecho a la libre expresión y el acceso a la información. Esa ley de acceso a la información se promulgó en 2002 durante la transición, con el presidente Valentín Paniagua. En estos diez años, hay muchos problemas con el funcionamiento de la ley", indicó.

No sólo los periodistas y los ciudadanos no usan mucho esta herramienta, sino que, peor aún, se observa un claro incumplimiento de ella por parte de los propios parlamentarios y funcionarios del Estado, agregó Luis Alarcón, quien ejemplifica con un caso que escandalizó a la opinión pública de su país en 2008. "Lourdes Alcorta, una congresista del partido derechista Unidad Nacional, consultada acerca de cómo gastaba sus asignaciones, respondió: ‘No me da la gana justificar mis gastos operativos'. Eso refleja muy bien el estado de la situación en Perú", señaló.

Alarcón mencionó que "el Grupo Andino de Libertades Informativas (GALI), del que es parte IPYS, hemos llegado a establecer que se da una situación común en la zona andina compuesta por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Sólo en estos países andinos, a excepción de Colombia, hemos registrado 465 ‘alertas' o agresiones a la prensa: 156 ocurrieron en Ecuador, 118 en Perú, 97 en Bolivia y 94 en Venezuela. Estas agresiones se dan en todo plano: el verbal, el físico, con amenazas, secuestros... cualquier expresión de violencia".

Ecuador: un caso especial

"En Ecuador se da mucho con la judicialización de los casos que involucran a periodistas o con la promulgación de leyes que van a contrapelo con la libertad de expresión y acceso a la información. En Perú se ha optado por la amenaza de lanzar iniciativas de ley para inhibir la acción periodística", añadió.

La ecuatoriana Raquel Escobar, directora de Planificación y Sostenibilidad de Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), coincidió con Alarcón respecto de la preocupante situación de Ecuador, afirmó que el cambio de modelo económico, surgido a partir de la elección de Rafael Correa como Presidente en ningún caso ha generado cambios en cuanto a la libertad de expresión, por más que el nuevo gobierno "post-neoliberal" acometiera la difícil empresa de "regular el mercado, garantizar ciertos derechos sociales, propiciar formas de participación, impulsar los movimientos sociales y la inversión social".

"Pero asimismo se han sacrificado algunas libertades, y han surgido limitaciones y controles a los medios de comunicación. Hay muy poca transparencia y una pobre aplicación de la ley: el 10% de las instituciones reportan información, hay 204 líderes indígenas procesados, un medio de comunicación demandado y perdonado, y dos periodistas demandados y amnistiados.

Hay una confrontación discursiva. Por un lado se habla de fortalecer la sociedad pero por otro se actúa en defensa de los intereses propios y de una forma de interpretar el espacio público-político. Todo esto ha venido de la mano de una consolidación de un estado muy dependiente de la renta petrolera, una situación muy similar a la venezolana", agrega Raquel Escobar, quien luego sentenció: "Se han invisibilizado otros conflictos sociales y se ve una administración que deja poco espacio a la crítica".

En Uruguay también ocurre otro tanto, algo sorprendente considerando la madurez cívica de su pueblo. Según Edison Lanza, director del Centro de Acceso a la Información Pública (CAInfo), en la práctica, y pese a las bellas palabras de los actores políticos, "no todo ha sido un camino de rosas", señaló.

Esto porque se observan conductas recurrentes para contrarrestar los efectos que genera el destape de información que pudiera resultar comprometedora o delicada. "Los funcionarios de gobierno se adelantan a la entrega de la información requerida y le entregan la primicia a periodistas afines, anticipándose al impacto del pedido, por ejemplo, generando una estrategia comunicacional que desvíe la atención. A veces publican antes la información en sus sitios web. A eso se suma que la gente no usa esta ley. Los periodistas se enfrentan a varios problemas: la demora burocrática, poco apoyo de su medio de comunicación y el temor a perder la simpatía del gobierno", afirmó.

¿Y cómo estamos por casa?

Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, lamentó la decisión del Tribunal Constitucional de acoger la presentación hecha por el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien se negó a dar a conocer los contenidos de los correos electrónicos de su cuenta institucional, alegando que tal situación, solicitada por el Consejo para la Transparencia, vulneraba su derecho a la privacidad. Esta decisión, a su juicio, marcó un "retroceso" peligroso pues obliga a plantearse "todo de nuevo, poniendo en juego una democracia plena".

"Lo más grave es que se perdió comunicacionalmente", sostuvo Sánchez. "Se dio un debate falso, sesgado, como si el eje de la discusión se centrara en la intimidad de las personas. Fue una decisión ilógica y descabellada, pues el Tribunal Constitucional se olvida un poco que cada trabajador tiene un estatus limitado con sus cuentas institucionales", añadió.

Moisés Sánchez deslizó una explicación frente a la pasividad y desinterés de la opinión pública frente a una decisión que resulta lesiva para el interés general: "En nuestras sociedad, las personas tienden a sentirse conformes con la satisfacción de necesidades básicas. Están satisfechos con los bienes adquiridos, tanto privados y públicos, tienen para comer, entonces el acceso a la información es algo menor y prescindible", concluyó.