Columna de Opinión publicada en Ciper

Agresiones a la prensa en las marchas: La letra con sangre entra

Con el correr de las manifestaciones callejeras por una educación pública, laica y pluralista, hemos sido testigos de la violencia contra los periodistas, quienes se encuentran realizando su trabajo en un ambiente cargado de lacrimógenas y apaleos. Evidentemente, las represión es democrática: golpea a moros y cristianos, estudiantes, manifestantes y periodistas; pero quisiéramos llamar la atención en particular sobre la gravedad de atacar a la prensa y las repercusiones que eso suele tener en la calidad del trabajo informativo y, por lo tanto, del debate público.

Las imágenes más recientes fueron las de Luis Narváez, reportero de Chilevisión, y el camarógrafo del mismo canal, Gonzalo Barahona: Narváez fue detenido por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros al pedir la identificación de un sargento que agredió con un cabezazo al camarógrafo. Todo, en el marco de la cobertura de la frustrada marcha convocada para el 6 de octubre en Plaza Italia, en Santiago. Los profesionales se identificaron debidamente como "prensa".

Pero Narváez y Barahona no fueron los únicos que salieron trasquilados en la ola de represión policial que dispersó a los manifestantes que intentaban agruparse en esa zona de la capital. El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas emitió un comunicado preocupado por la creciente agresividad de carabineros contra la prensa. El gremio llamó también la atención sobre los casos de Nicolás Oyarzún, de CNN, y Jorge Rodríguez, de Mega, que también sufrieron agresiones policiales mientras cubrían los hechos del 6 de octubre en Plaza Italia.

Anteriormente, y también en el marco de la cobertura a las movilizaciones callejeras por la educación, conocimos de la detención injustificada de Raúl Flores Castillo, director de Dilemas.cl, y la irrupción policial nocturna, ilegal, del Canal 3 de La Victoria.

En este clima crispado, los reporteros han salido perdiendo. No sólo han sido agredidos por carabineros en medio de las manifestaciones callejeras, sino que también por otros actores. Así le sucedió al reportero de Canal 7 de Argentina, Mario Giordano, quien fue atacado por un grupo de encapuchados mientras cubría las manifestaciones del domingo 11 de septiembre.

Un equipo de The Clinic reporteando en la sede del Partido Comunista, fue agredido e insultado. Incluso constataron lesiones en la mutual correspondiente. Es probable que se nos escapen muchos otros colegas que han sufrido las inclemencias de la violencia policial y callejera. Esta situación ha sido motivo de alerta para organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Colegio de Periodistas, quemanifestó por escrito al ministro Hinzpeter la preocupación por esta sucesión de agresiones, que ha afectado a reporteros tanto en Santiago como en ciudades de regiones.

Nos enfrentamos a todo esto, además, en el marco de la controversia que ha levantado el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión. La "ley Hinzpeter", como se le ha denominado por la defensa cerrada que ha hecho de este proyecto el ministro del Interior, ha venido a crispar aún más el (no) diálogo social.

La crítica a la prensa es legítima. Pero no la agresión contra ésta. Si hay actores, colectivos o individuales, que consideran que el trabajo de los medios y los reporteros no se ajusta a la realidad o no cumple con las expectativas de ofrecer información plural y oportuna, es obvio que así quieran manifestarlo. Pero es ilegítimo y peligroso que dicho malestar se traduzca en agresiones contra los periodistas y la prensa en general. No sólo por el riesgo evidente para los profesionales de la comunicación, a su integridad física y sicológica, sino también por las repercusiones que este tipo de actitudes puede acarrear al debate público: los periodistas pueden comenzar a dejar de cubrir e informar sobre ciertas cuestiones por temor a verse envueltos en refriegas que no les competen, tal como se ha verificado en contextos de mucha mayor violencia pero que comenzaron por algo. Evidentemente, no nos encontramos en situaciones extremas como lamentablemente se constata en México. Sin embargo, no por ello debemos hacer vista gorda. Agredir a un periodista daña, al mismo tiempo, la libertad de expresión y, a la larga, el debate público y la convivencia democrática.