Columna de la profesora Patricia Peña

No te vayas de internet: tensiones y resistencias

No te vayas de internet: tensiones y resistencias

La profesora del ICEI, Patricia Peña, escribió una columna en Revista Palabra Pública sobre Internet y las oportunidades de participación en la web.

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Internet va por las cinco décadas de existencia y desarrollo. La web, la telaraña de conexiones a páginas y sitios web, ha cumplido 30 años desde su invención. En medio de todo esto hay una sensación de que las cosas no van bien y de que el espíritu libertario que permitió su crecimiento, desarrollo y constante innovación se ha perdido y se está quebrando. Tim Berners-Lee, inventor de la web, lo ha llamado la privatización de internet y ha hecho un llamado a salvarla de las consecuencias del modelo de negocio de quienes controlan hoy la red.

Hace una década, uno de los problemas centrales era cómo hacer que internet fuera una tecnología accesible en lugares y sociedades en los que aún era un lujo, pero estamos en un momento en que es un puñado de empresas que actúan como puertas de entrada y filtro a los servicios y contenidos que circulan y se distribuyen a través de plataformas como Google (o Alphabet, dueña también de YouTube), Facebook (dueña también de Instagram y WhatsApp) y Amazon, particularmente. Así los llama Natalia Zuazo en su libro Los dueños de internet (2018).

Pero hay otros temas que comienzan a notarse con más intensidad: la violencia de género online o digital, y, por cierto, la difusión y circulación de contenidos que son noticias falsas –las llamaremos así y no fake news– que apelan a discursos de odio contra personas, grupos o sectores de nuestras sociedades por temas de raza o género, entre otros motivos.

Revisar los alcances de estos desafíos implica cuestionar que tecnologías como internet y lo que se viene en materia de tecnologías digitales no son neutros, porque tienen que ver con decisiones y definiciones que son políticas y económicas en relación a modelos de negocios y gobernanza, ámbitos donde es clave abrir el debate público. 

El modelo de negocios que pone en juego las libertades y la privacidad

El escándalo del caso Cambridge Analytica-Facebook ha implicado hacer visible para la opinión pública el negocio detrás del modelo de las plataformas mas que prometían conectar y facilitar la libertad de expresión. Recordemos cómo entre 2007 y 2015 el acceso a una cuenta de redes sociales (como Twitter o una página de Facebook) y un blog permitían potenciar la difusión de noticias sobre movimientos sociales o conflictos políticos que, de otra manera, jamás hubieran llegado a los medios de comunicación. La promesa y la oportunidad de tener cuentas de usuario anónimas permitió a activistas de todo el mundo denunciar situaciones de corrupción y violación a los derechos humanos.

La explosión de la circulación de las noticias falsas y contenidos creados explícitamente con el propósito de desinformar, se viralizan con el objetivo de crear alarmas públicas, manipular o predisponer a la opinión pública, a quien lee o ve pasar en su muro de red social un contenido que dice, por ejemplo, “que la culpa de x situación o crisis social es de…”. Esta práctica se potencia a través de cuentas falsas de redes sociales, mayormente a través del mercado de los bot, que se encargan de viralizar contenidos masivamente y en tiempo récord, sin que haya tiempo para cuestionar y preguntarse de quién o de quiénes vino este mensaje o información, cómo partió y por qué estoy recibiendo la información que recibo en mi móvil, o por qué en la sección de “nuevo” o “noticia” de mi red social se me muestra ese contenido específico.

El funcionamiento de los algoritmos de las plataformas, clave para definir qué tipo de contenidos se muestran y personalizan de acuerdo a los perfiles de intereses y gustos que se han dejado como una huella digital, hoy es fundamental para entender que estamos expuestos a lo que se ha llamado “burbujas informativas”, donde no sólo vamos a ver o leer lo que se ajusta a esas preferencias, sino en las que también se excluye lo distinto o diferente a nuestras opiniones o gustos, desde la comida a la política.

En este contexto se ponen en tensión derechos humanos como el acceso a la información, la libertad de expresión y lo que hemos comprendido y entendido sobre privacidad y control de lo que consideramos como nuestros datos personales. Algunas de las preguntas que se ponen hoy en el debate de foros y discusiones públicas son: ¿deben ser las plataformas de Internet las que se autorregulen, definiendo en sus políticas –que muchas veces llaman “políticas de la comunidad”, que fueron aceptadas por los usuarios y usuarias que firmaron al registrarse en el sistema– lo que se censura, filtra y sanciona? ¿Debemos esperar una mayor regulación y control sobre plataformas donde también se espera que haya libertad de expresión y acción? Este debería ser un debate ciudadano, ya que tiene que ver con lo que queremos seguir preservando como sociedad, esto es, el derecho a la comunicación.

Las violencias de género en internet

Uno de los lados más oscuros de internet es una realidad que venía sucediendo en silencio: la violencia digital de género. Ciberacoso o acoso online, bullying, difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, el llamado doxing (publicación de información personal) y otras amenazas contra la integridad física o emocional son realidades que en América Latina ocurren con mayor frecuencia en el caso de mujeres y personas de la comunidad LGTBQ. Un reciente estudio de Fundación Datos Protegidos, junto a la ONG Amaranta, señala que más del 80% de mujeres que fueron encuestadas para el estudio ha sufrido algún tipo de violencia online.

Recientemente, hemos visto la denuncia pública y mediática del caso nido.org, una página en formato image board (también conocido como “tablón de imágenes”, un tipo de sitio web anónimo, desarrollado en Japón y basado en los formatos de páginas web que funcionan como foros de discusión o conversación, como el famoso 4chan.com) que llevaba más de cuatro años de existencia, tenía más de 10 mil usuarios registrados y que entró dentro del radar de las policías a través de una alerta de mensajes de amenazas de acoso y hostigamiento a chicas jóvenes (y menores de edad) que llegaron a grupos de WhatsApp. Años antes, muchas habían sido las mujeres que habían denunciado y alertado que imágenes de ellas estaban allí, pero ninguna de estas advertencias fue acogida por la policía especializada, en parte porque el delito no estaba tipificado en el Código Penal chileno. Peor aún, muchas veces, al ir a denunciar o a exponer el caso, la respuesta era: “para qué sube o se saca fotos” o “algo tiene que haber hecho usted para que el otro reaccionara así”.

La violencia contra las mujeres y personas LGTBQ en el mundo online es real, ya sea a través de un mensaje amenazante que llega en un muro de Facebook o a través del mensaje de WhastApp de una expareja; es tan real y concreta como los golpes que pudieron haber recibido previamente de parte de esa misma persona. Es real cuando una mujer lesbiana, un hombre gay o una persona trans expone sus puntos de vista y opiniones y por ellos es amenazada/o con recibir agresiones físicas, las que en muchas ocasiones también afectan a su entorno más cercano o familiar.

Acá serán claves los proyectos de ley con los que el Ejecutivo se ha comprometido para tipificar situaciones y conductas de ciberacoso o violencia de género online, de manera que se establezcan procedimientos para realizar denuncias seguras y para que los casos se investiguen hasta establecer las penas correspondientes a los nuevos delitos que se espera se vayan tipificando.

Pero también es importante poner atención a las acciones de resistencia y trabajo colaborativo que vienen de iniciativas de colectivos feministas y de la comunidad LGTBQ, porque es clave que las organizaciones tomen como parte de su agenda comprender cómo funciona y cómo pueden hackear también la tecnología. Algunas de las iniciativas pioneras que se han creado desde América Latina son el trabajo de la plataforma Dominemos la Tecnología, desarrollado por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), la plataforma de AcosoOnline, que se coordina desde Chile para América Latina con información y orientación sobre pornografía no consentida, el trabajo de colectivas feministas como Luchadoras de México y Ciberseguras.

Abrir espacios de colaboración y debate entre los sectores de las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, el sector público y la academia es clave para avanzar en el desafío de actuar desde las resistencias y de innovaciones que tienen que ver con construir una internet segura y libre para todas, todos y todes.

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Dirección de Extensión y Comunicaciones ICEI

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