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ICEI debate sobre el espionaje a periodistas de investigación tras revelar escándalos en el Ejército y Carabineros

ICEI debate sobre espionaje a periodistas y libertad de expresión

En el contexto de recientes casos de espionaje, como la interceptación al teléfono móvil del periodista Mauricio Weibel, quien destapó el caso “Milicogate”, y las escuchas ilegales en el marco de la “Operación Huracán”, el Programa Libertad de Expresión del ICEI convocó a un foro abierto donde se reflexionó como un “Estado espía” lesiona y atenta contra el derecho a la libertad de expresión.

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Foro Periodismo de Investigación y Escuchas Telefónicas: ¿Estado Espía?

Con una conversación sobre el uso del espionaje y escuchas telefónicas por parte del Ejército, fuerzas policiales y de inteligencia dirigido a civiles, activistas y especialmente a periodistas se realizó el foro “Periodismo de Investigación y Escuchas Telefónicas: ¿Estado Espía?” organizado por el Programa Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, ICEI.

Moderado por su coordinadora, la docente Javiera Olivares, el primer invitado en hacer uso de la palabra fue el periodista Mauricio Weibel, quien destapó en The Clinic el caso Milicogate, el desfalco a la Ley Reservada del Cobre más grande conocido hasta hoy. A través del Comando de Apoyo a la Fuerza y el Departamento de Planificación Financiera del Ejército, el coronel Clovis Montero conseguía facturas falsas y apuraba los pagos a proveedores del Ejército. Por su parte, el cabo Juan Carlos Cruz gastó $2.368 millones en el casino Monticello desde 2008 a 2014.

Las repercusiones de esta investigación fueron tales -hoy hay tres ex comandantes en jefe del ejército formalizados- que Weibel relató la intercepción que sufrió su teléfono celular por parte de la institución castrense en 2017 y los extraños robos que sufrieron las oficinas del The Clinic y Televisión Nacional de Chile.

En 2017, el Ejército solicitó a la Corte de Apelaciones la interceptación de mi teléfono tras la publicación del Milicogate. Yo creo que esto ocurrió porque querían armar un montaje. Pero además, este año hubo un asalto a las dependencias del The Clinic, en un día con una lluvia torrencial y pleno partido Chile-Colombia por la clasificación a semifinales de la Copa América. Una situación muy rara, quien querría robar en esas circunstancias”, manifestó Weibel.

En esa línea, el periodista planteó a los asistentes la inquietud de por qué esto sucede con el periodismo de investigación. “En América Latina, el periodismo de investigación adquiere sentido cuando trata de las desigualdades y las asimetrías de poder, que tienen consecuencias sociales y políticas para las personas. Cuando investigamos el Milicogate no lo hicimos por contar una historia entretenida, sino por un imperativo ético y de justicia. El periodismo de investigación es atacado porque trata de historias que apuntan al poder”, indicó.

Weibel añadió que el periodismo de investigación también es un desafío al lenguaje dominante por la manera en que estos hechos pueden ser contados de forma atractiva y destacó el trabajo necesario con la memoria. “Si todos estos hechos ocurrieron en el Ejército, es porque estuvo sin control civil por más de cincuenta años. Con todo el robo del Milicogate, se podrían haber financiado tres reformas educacionales completas”, señaló.

Finalmente, respecto a las escuchas telefónicas ilegales y cómo estas lesionan la libertad de expresión, el periodista afirmó que estas se disfrazan en un marco de legalidad. “Estas ocurren en toda América Latina. En Chile suceden sin grandes riesgos, pero la aquí la situación es distinta porque establece un canon y sobrepasa una barrera en el sentido de que el Estado es un aparato espía e investiga a periodistas, en forma legal entre comillas, porque es ilegal.  Y el derecho humano a la libertad de expresión es el más importante, pues a través de su ejercicio es posible reclamar el cumplimiento de todos los demás”, enfatizó.

El espionaje ilegal de Carabineros

Otro de los casos tratados en el foro fueron las escuchas y espías ilegales realizadas en el marco de la llamada “Operación Huracán”, iniciada por Carabineros al amparo de la Ley de Inteligencia, que en 2017 llevó a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista. Sin embargo, en enero 2018 el Ministerio Público dio a conocer a través de pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Especial de la policía uniformada había manipulado las pruebas que incriminaban a los detenidos. Así, se abrió una investigación para determinar los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita.

Nicolás Sepúlveda, periodista del medio digital CIPER, investigó en profundidad el caso y entregó más detalles sobre la manera en que carabineros realizó el espionaje a periodistas, actores y a policías al interior de la institución. “En el marco de la Operación Huracán, nos dimos cuenta que Carabineros operaba con dos sedes. Una de ellas era una casa en Temuco donde se hacían espionajes telefónicos, legales e ilegales”, indicó.

Asimismo, Sepúlveda explicó como la policía uniformada pudo pasar espionajes ilegales por legales. “Para que Carabineros, la PDI o un fiscal pueda pinchar un teléfono tiene que solicitar permiso ante un ministro de la Corte de Apelaciones. Esto efectivamente lo hacía Carabineros. Pero también hacía espionajes telefónicos ilegales, sin pedir permiso a nadie. Si yo quiero espiar a una periodista que está investigando un caso que a mí me interesa, pero no tengo ninguna base para hacerlo, a la Corte le indico que el número de ese periodista es el de un dirigente acusado de terrorismo y me lo autorizan, porque nadie fiscaliza que sea tu número”.

El periodista de CIPER expuso que en la serie de reportajes publicados sobre el caso accedieron a una lista de personas que estaban siendo espiadas, entre las que se encontraban fiscales, políticos, periodistas, dirigentes mapuches y actores, como fue el caso de Daniel Alcaíno, quien interpreta al personaje de Yerko Puchento. “En la casa donde realizaban los espionajes usaban varios métodos, entre ellos un software llamado vigía, que lo tienen las compañías telefónicas para guardar, por ley, todas las llamadas telefónicas durante un año y saber desde que antena se hicieron. Esto le permitía a Inteligencia saber dónde estaban los espiados”.

Por otra parte, Sepúlveda relató que en esa misma casa funcionaba una cuenta de Facebook falsa, llamada Lautaro Caupolicán, que la manejaban un carabinero, Leonardo Oses, y Alex Smith, asesor informático. “Nosotros tuvimos acceso a esa cuenta. Se infiltraban en grupos del pueblo mapuche y generaban links peligrosos para ver obtener las contraseñas de los miembros del grupo y leer sus conversaciones privadas, entre otros. En el caso de los periodistas, espiaban a aquellos que seguían acciones de Carabineros y querían saber quien dentro de la institución les entregaba la información”, expuso frente a los asistentes.

Las amenazas a la libertad de expresión

La tercera parte del foro estuvo a cargo de Alejandra Arriaza, abogada experta en Derecho a la Información, quien habló de las vulneraciones de la libertad de expresión en Chile. “La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en normas internacionales y garantizado constitucionalmente, sin embargo sigue siendo objeto de amenazas y violaciones”, expresó Arriaza.

Junto a lo anterior, señaló que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir información oportuna. “Si no hay derecho a la información, no hay libertad de expresión. El Estado tiene como obligación no realizar actos en contra de esta última, adoptar medidas para que todos puedan gozar y ejercer este derecho e investigar, sancionar y reparar violaciones a ella. Sin embargo, hay restricciones en ciertos casos, que deben estar fijadas por ley, como el respeto o reputación de otro, a la seguridad nacional, el orden público, a la salud o la moral pública”, agregó la abogada.

Luego, Arriaza hizo una revisión de los casos más emblemáticos de la vulneración a la libertad de expresión en Chile, como la censura de libros, periódicos y revistas durante la Dictadura y la no publicación del libro “Impunidad Diplomática”, de Francisco Martorell en 1993, donde el empresario Andrónico Luksic Craig, aludido en dicha publicación, acudió a la Justicia con el fin deresguardar su vida privada.

“Primero, el libro primero fue publicado en Argentina y al día siguiente se publicaba en Chile. Pero el señor Andrónico Luksic interpuso un recurso de protección con el objeto de que este libro no tuviese difusión en Chile y lo logró. El argumento de eso fue precisamente que este libro tenía pasajes de su vida privada y que, por lo tanto, a él le causaba una vulneración al derecho de su honra, de su vida y por esa vía la corte estimó que era más importante el derecho de Andrónico Luksic que el de toda la sociedad chilena a informarnos sobre por qué se había removido a un embajador de Argentina en Chile, que tenía que ver con negocios corruptos y violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país”, relató Arriaza.

De igual forma, la abogada explicó y repasó otros casos memorables, como la prohibición de publicar en 1999 el “Libro negro de la Justicia chilena” de Alejandra Matus, las no emisiones los documentales “El Diario de Agustín” de Ignacio Agüero y "Newen Mapuche", de Elena Varela, la querella por injurias contra Javier Rebolledo por parte de Carolina Quintana, la hija del ex coronel (r) del Ejército y otrora miembro de la Dina, Raúl Quintana, por el relato de las torturas cometidas por el ex agente en Tejas Verdes en el libro “Camaleón. Doble vida de un agente comunista” y el espionaje al teléfono móvil de Mauricio Weibel.

Finalmente, Alejandra Arriaza volvió a repasar los mecanismos de espionaje por parte del Estado e hizo una reflexión final sobre la importancia de la libertad de expresión. “Al poder le interesa manipular la información, que sea unívoca y similar. El derecho a la libertad de expresión está garantizado por la constitución y cuando un ciudadano siente vulnerado su derecho puede interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones respectiva. La libertad de expresión y el rol del periodista es construir una sociedad distinta”, concluyó.

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Dirección de Extensión y Comunicaciones ICEI

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