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Universidad de Chile

Tras las elecciones presidenciales

Especialistas analizan los desafíos de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Comunicación con miras al nuevo gobierno

Especialistas analizan los desafíos de la Libertad de Expresión

A raíz de las crisis sociales y sanitarias en Chile, se han intensificado las demostraciones de vulneraciones a los derechos fundamentales a la Comunicación, Información y Expresión en Chile. Estas causas, consecuencias y proyecciones fueron analizadas por las académicas de la Universidad de Chile y expertas en la temática, Claudia Lagos y Javiera Olivares, en miras al cambio de mando.

Desde que comenzó el Estallido Social el 18 de octubre de 2019, informes como el realizado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos “Libertad de expresión en el contexto de las protestas y movilizaciones sociales en Chile entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019”, han demostrado cómo este derecho ha sido repetidamente vulnerado por agentes del Estado, y cuya situación se fue agudizando con el desarrollo de la pandemia por la proliferación del COVID-19.

Si bien en ambas situaciones la instauración Estados de Excepción Constitucional fue el camino que el Gobierno eligió para manejar la crisis a la que debía enfrentarse, y en ambas situaciones se estableció un momento particularmente complejo para las libertades sociales, las problemáticas relativas a la coartación de la Libertad de Expresión y los Derechos de la prensa que emanaron de la Excepción Constitucional se identifican desde antes de estos fenómenos sociales recientes. Sin ir más lejos, la concentración de los medios de comunicación y la falta de pluralismo informativo, como problemas que atentan contra la democracia, se ven intensificados durante períodos de crisis como los que ha vivido Chile y el mundo en los últimos años.

Con respecto al fenómeno de la concentración de medios, la doctora en Comunicación y Medios de la University of Illinois at Urbana-Champaign y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, Claudia Lagos, explicó las dimensiones en las que se identifica la problemática en cuestión y cómo, teóricamente, esto afecta la industria de la comunicación: “La concentración de medios respectiva a la propiedad de estos, puede darse de manera vertical, horizontal y como conglomerado. Esta última contiene las otras dos y supone a una misma empresa que es propietaria en distintas dimensiones de la producción de contenidos, por ejemplo, en lo material (fibra óptica o telefonía), en distintos soportes (radio, televisión cable y digital) y otros intereses adyacentes (distribución, impresión entre otros). Desde la perspectiva económica, esto influye en la sociedad en la manera de quiénes y cómo se puede acceder a la actividad económica y productiva de generar contenidos mediáticos. La concentración en cualquier tipo de industria afecta la posibilidad de que nuevos actores puedan ingresar a competir en el mercado, y como los medios de comunicación no son una industria con dimensiones puramente económicas, sino que también simbólicas, implican riesgos para qué tantas voces y qué tan diversas pueden tener cabida en un mercado concentrado”.

Por otra parte, la académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y directora del Programa de Libertad de Expresión del ICEI, Javiera Olivares, profundizó en esta materia explicando, a grandes rasgos, cómo se ve afectada la democracia ante la concentración de los medios de comunicación: “La democracia se profundiza en la medida que el debate público es diverso, plural e integra las distintas perspectivas que conforman una sociedad, por lo tanto, en la medida en que se concentre tanto la propiedad como la línea editorial de los medios en una sola perspectiva o interés que se vea sobre representado, obviamente el debate público y por ende la democracia, se van a empobrecer. A más concentración de medios tanto en su propiedad como en su mirada única sobre representada a nivel editorial, menos democracia”.

Como plantean las académicas, la concentración medial es una problemática multidimensional y que afecta a la democracia chilena, dañando el debate público al sobre representar intereses y perspectivas. Esto refuerza su gravedad en épocas de crisis donde la información veraz, plural y oportuna puede llegar no sólo a evitar el quiebre de la democracia, sino también salvar vidas en el caso del manejo de una pandemia.

Agresiones a la libertad de expresión por parte del Estado

Según los datos de los boletines mensuales que la organización Observatorio del Derecho a la Comunicación realizaron a fines de 2019 y durante 2020, centenares de periodistas fueron agredidos físicamente y más de 70 fueron detenidos, la cifra más alta desde la dictadura. Así mismo, el “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” de la misma organización, evidenció una serie de irregularidades en torno a este derecho fundamental durante la revuelta social y la pandemia por el COVID-19.

El informe expone, entre otras cosas, una inacción del poder judicial para proteger la libertad de prensa ante las detenciones a periodistas; retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información pública relativa a los incendios en el Metro de Santiago, la agenda de las reuniones de autoridades gubernamentales con directivos de medios de comunicación y las cifras de la pandemia; restricciones a la libertad artística y hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil como Lastesis, Delight Lab y Galería CIMA; y ataques informáticos a medios independientes en el medio digital.

Además, el año 2020 fueron conocidos variados casos donde agentes del Estado atentaron contra la libertad de prensa como en los casos de presiones del Gobierno y las Fuerzas Armadas al canal La Red por los cambios en su línea editorial y el espionaje del Ejército a seis periodistas de investigación, entre otros.

“Es gravísimo, el Estado debiera ser el principal garante de derechos de las personas y no transformarse en un persecutor y un criminalizador de aquellas que ejercen su derecho a comunicar, informar y expresar. Es de extrema gravedad que el Estado no contenga en sí la conciencia de que este derecho debe ser garantizado, y más aún en tiempos de crisis como la pandemia y la revuelta social donde es necesario que la gente se exprese, informe y comunique con mucha más calidad y diversidad, nos parece peligroso que el Estado haya incurrido en los fenómenos que ha incurrido donde se evidencia, además de todas las violaciones a derechos humanos que conocimos, que se violenta otro derecho humano como es el derecho a la expresión, opinión, comunicación e información” expresa la directora del Programa Libertad de Expresión de la U. de Chile, Javiera Olivares, respecto a las falencias del Estado para respaldar la garantía de los derechos fundamentales de expresión, información y comunicación.

Asimismo, la académica del ICEI, Claudia Lagos, reflexionó acerca de las consecuencias de que agentes estatales transgredan la libertad de expresión y cómo el marco legal, tanto nacional como internacional, demandan al Estado a garantizar estos derechos y, ciertamente, no atentar contra ellos: “El Estado está obligado a reconocer legalmente el derecho a la libertad de expresión y a la no sanción de por ejercer el derecho a informar y/o a opinar, esto está debidamente consagrado tanto en la legislación nacional como en diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica entre otros. Ninguna institución gubernamental o privada tiene el derecho a afectar la libertad de expresión, opinión o ejercicio del periodismo, ni a través de mecanismos directos (amenazas, agresiones u hostigamientos) ni indirectos (sanciones administrativas y discriminaciones). Esto es grave no solo para quienes se ven directamente afectados, sino que también para otros que pueden verse asustados o temerosos de embarcarse en coberturas o enfoques críticos que involucren instituciones que luego “vendrán por ellos”, esto genera lo que se llama un efecto congelador (chilling effect)”.

Proyecciones y desafíos

El día 19 de diciembre, la población chilena se manifestó en las urnas proclamando a Gabriel Boric como nuevo Presidente de la República en desmedro del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en unas elecciones marcadas por obtener la más alta participación (8,3 millones de personas) desde la derogación del voto obligatorio en 2012.

Este nuevo gobierno, además del proceso constituyente que está en marcha, proyectan un período de cambios para Chile donde las y los especialistas esperan una mayor garantía para el adecuado funcionamiento de los derechos fundamentales de expresión, comunicación e información.

Al respecto, la académica y especialista, Javiera Olivares, comentó de qué forma un nuevo gobierno puede afrontar los problemas mencionados anteriormente y responsabilizarse ante los desafíos actuales en esta temática: “La falta de pluralismo se combate teniendo un Estado actor que busque fortalecer y fomentar la diversidad y la pluralidad por la vía de generar iniciativas mediáticas o dotar herramientas para que el pueblo las genere con perspectivas diversas, me refiero a que no solamente existan medios de carácter privado, sino también públicos fortalecidos (no como TVN que se financia igual como si fuera un privado, a través de publicidad privada). Hay que buscar que todas las plataformas de comunicación se diversifiquen e integren estas perspectivas más alejadas del poder que suelen ser invisibilizadas, esto requiere regulación y una nueva Constitución que contemple estos derechos y leyes fundamentales que permitan que existan, se regulen y sostengan”.

En la misma línea, la doctora en Comunicación y Medios, Claudia Lagos, hizo énfasis en la transición del sistema de medios exclusivamente privado a uno público que garantice la libertad de prensa a través de principios pluralistas: “En Chile, el sistema mediático es exclusivamente comercial, y una dimensión importante en muchas sociedades que contribuye a garantizar estándares decentes de pluralismo es un sistema de medios público robusto, descentralizado, con un gobierno corporativo y un tipo y mecanismo de financiamiento que resguarden independencia de los gobiernos de turno. Otra dimensión importante en la lógica puramente de mercado que prima en la actualidad, es que las políticas de subsidio por vía de financiamiento concursable (fondo de medios regionales, fondos de calidad de TV, entre otros) exijan cumplimiento de ciertos indicadores de pluralismo tanto interno como externo. También generar políticas a partir del corpus acumulado de los Fondos de Pluralismo financiado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), estudios que se han realizado y acumulado durante 10 años para beneficios de las comunidades universitarias pero que la industria regional y nacional ha sido muy reacia a tomar en consideración, recoger sus sugerencias, aplicar o, al menos, usar”.

Finalmente, ante el crecimiento exponencial del medio digital como herramienta de comunicación e información en la última década, la expresidenta del Colegio de Periodista de Chile y periodista de la Universidad Católica, Javiera Olivares, advirtió la necesidad de regular esta plataforma para garantizar el acceso a medios de comunicación diversos y ampliar los marcos legales para combatir los discursos de odio: “La internet permite entregar nuevas herramientas para que existan iniciativas mediáticas diversas, sin embargo, no es la única plataforma y tampoco garantiza que todos y todas podamos acceder a generar medios de comunicación, tienen que haber regulaciones que así lo fomenten y que acompañen estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Diría que también es importante tener cuidado con los discursos de odio que se han amplificado y han tenido una visibilización muy rápida gracias a estas tecnologías digitales, ahí también hay un debate legal y jurídico que dar en términos de evitar que esto implique discriminaciones hacia sectores de la sociedad que se vean invisibilizados o atacados por discursos que busquen excluirlos”.