Hostigamiento, violaciones a la libertad de prensa y otras restricciones de acceso
Observatorio del Derecho a la Comunicación lanza su primer boletín
El texto tiene como objetivo dar cuenta y hacer un resumen de las vulneraciones al derecho a la comunicación en el mes pasado en el país.
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El 1 de junio se lanzó a través de redes sociales el boletín número 1° del Observatorio de Derecho a la Comunicación, organismo creado por los abogados Javier García y Gustavo Alfonsi. El texto, que revisa los acontecimientos documentados en mayo en medios de comunicación, tiene como objetivo dar cuenta de las vulneraciones al derecho a la comunicación en el país.
Sobre la libertad de prensa, García afirma que Chile presenta múltiples falencias en materia de libertad de expresión: “algunas de las cuales se han agudizado, luego de la crisis social, y hecho evidente. Todos los problemas que estamos documentando en estos meses ya venían ocurriendo, aunque con menor intensidad”.
El abogado añade que el Informe del Relator de libertad de expresión de la CIDH sobre Chile de 2016 ya alertaba sobre distintos problemas, pero este informe pasó desapercibido y no se le puso el foco que merecía. “Desde distintos sectores -periodistas, medios, academia- se ha prestado poca atención a estas alertas, se han infravalorado. Hay un mal entendimiento de la libertad de prensa en Chile: como no hay conflicto entre el Estado y los grandes medios o asesinatos a periodistas como ocurre en otros países de la región, pareciera que no existen problemas de libertad de expresión; tampoco existían organizaciones que realizaran monitoreo y las voces críticas eran consideradas como exageradas. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, indicó.
Medios comunitarios y su situación
De acuerdo con el letrado, en Chile “existe una importante tradición de medios comunitarios y comunicadores independientes”, aunque llevan a cabo su labor en un contexto de precariedad y con un marco normativo que los condena a la marginalidad. Durante el estallido, señala García, este tipo de medios han sido especialmente activos: “Han tenido un papel fundamental, logrado mayor protagonismo y atención; usando una de sus expresiones, podríamos decir que han logrado romper el cerco mediático. Sus publicaciones han sido fundamentales para documentar la violencia de las fuerzas de orden pública en la represión de la protesta”, señaló.
El abogado también comentó que debido a la presencia constante de este tipo de medios en las calles han sufrido la violencia indiscriminada de Carabineros, “pero a la vez, en represalia por registrar los abusos policiales, se han convertido en uno de los objetivos de sus agresiones. Algunos medios alternativos optaron incluso por dejar de usar credenciales de prensa para no ser objeto de agresiones y continuos controles de identidad. Durante los dos primeros meses del estallido contabilizamos alrededor de 200 agresiones a prensa, principalmente lesiones por armas disuasivas. Distintos testimonios indican que estos disparos eran intencionados”, dijo.
Restricciones de acceso a la información pública en el contexto del estallido social
En el apartado Restricciones de acceso a la información, publicado en el boletín N°1 de ODC, llama la atención la imposibilidad de acceder a los informes de Metro los días 18 y 19 de octubre.
García afirma que con el estallido, ODC identificó el ocultamiento de cifras por parte del gobierno sobre el número de lesionados y denuncias por violaciones a los derechos humanos, “así que comenzamos a realizar solicitudes de información para conocer datos oficiales que el gobierno no publicaba. Los ataques a estaciones de metro fueron ampliamente difundidos, se habló de un grado de destrucción muy elevado de la red, pero siempre se mostraban las imágenes de las mismas estaciones y nunca se facilitó información detallada”, comentó.
De esta forma, ODC optó por hacer solicitudes al Ministerio de Transportes. Este último indicó que no contaba con los informes que se pidieron, “por lo que remitió nuestra solicitud a Metro, la cual fue denegada por no estar obligada la empresa pública a hacerlo por Ley de Transparencia. El Consejo para la Transparencia, consciente de la relevancia de la información solicitada, contactó con distintos departamentos del Gobierno que se relacionan con Metro, pero todos indicaron que éste no les había facilitado informes detallados, claro que es posible que tampoco los hayan pedido. Lo ocurrido muestra que el sistema de transparencia en Chile tiene sus limitaciones y errores de diseño, así como también hay instituciones no transparentes que mantienen prácticas de ocultamiento. Esto se ha demostrado especialmente en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La información se conocerá en algún momento, pero seguramente a través de una filtración o una vez se tenga acceso al expediente judicial que está en curso por los daños a estaciones”, afirmó.
