Columna de opinión de los profesores Karla Palma, Hans Stange y Claudio Salinas

No es la comunicación: es el modelo

El Estado no está dando el ancho, pues su modelo concentrado en la falacia del desarrollo económico infinito no contempla el beneficio social. Entonces, el problema es estructural y no de estrategia comunicacional. El asunto es el modelo que, con claridad, es contra la vida y la sociedad.

Publicado por El Desconcierto

En Chile hay nueve millones y medio de trabajadores. 700 mil están desempleados, 850 mil son subempleados, el 40% trabaja sin contrato o a honorarios y el 70% gana menos de 550 mil pesos. Todos, todos, están endeudados[1].

El dictamen de la Dirección del Trabajo en el que “se exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas que impone el contrato de trabajo”, es decir, que permite suspender el pago de remuneraciones por parte del empleador, evidencia la situación aún más desmedrada en que quedarán todos ellos.

Es evidente que el dictamen causara revuelo. En su lógica, el contrato es un acuerdo entre dos partes que están en igualdad de condiciones. Si así fuese, sería razonable que una suspendiera el pago si la otra no presta los servicios.

Pero no es así: los trabajadores y las grandes empresas no están en igualdad de condiciones. Estas tienen activos y créditos para sortear la crisis; aquellos, que están precarizados, no pueden prescindir de sus ingresos.

Ese es el problema, pero para los medios, una parte importante de la clase política, y uno que otro experto en comunicación, este dictamen ha sido “mal comunicado”. Como si el problema fuera cómo se comunica y no el fondo de lo que se dice.

El gobierno insiste en que la legislación que soporta al dictamen existe desde hace más de 25 años, como si su cuarto de siglo le otorgara un respaldo ético a la decisión. Pero, una nefasta medida como ésta ¿puede ser positivamente recibida por los trabajadores y trabajadoras ya precarizados? ¿Es posible que la retórica y la estrategia comunicacional puedan transformar esto en una buena noticia?

Ni la ministra del trabajo, ni Sebastián Piñera o el ministro de salud son oradores o sofistas destacados, ni gozan de una alta credibilidad pública. Más bien ocurre lo contrario y, aunque lo fueran, la medida seguiría siendo la misma: no se protege el empleo ni a los trabajadores y trabajadoras en el país.

¿Qué sería una “buena comunicación” del dictamen? ¿Persuadir a las personas de que la pauperización total del trabajo es positiva y que los trabajadores debieran comprender a su empleador?

¿O, en el mejor de los casos, la comunicación debería ayudarnos a pensar que esta situación solo es transitoria, pues el Estado chileno está preocupado del bienestar de las personas? Si la legislación tiene más de 25 años, podríamos dudar de eso.

El problema de la comunicación política radica en comprender y organizar la representación de las relaciones de poder entre audiencias e instituciones. Para hacer esto, sus mensajes deben estar respaldados por hechos y actuaciones políticas que den legitimidad a la comunicación.

No se puede pretender que el dictamen sea bien comunicado cuando su contenido implica una actuación institucional que no corrige, sino que profundiza, la precariedad del trabajo en Chile.

Nuestras autoridades no pueden pretender que creamos sus intenciones de proteger el empleo, si sus actuaciones van en la dirección opuesta.

Porque el problema no es la comunicación: es el modelo. La comunicación no logra escamotear lo evidente: que el Estado no quiere meterse la mano en el bolsillo, ni endeudarse; que el costo de la pandemia deberemos asumirlo individualmente y no como colectivo, a pesar de que es la misma pandemia la que nos está enseñando que somos comunidad.

Tal vez nunca como ahora nos hemos dado cuenta que el Estado, sus representantes y los políticos, en lugar de dar soluciones estructurales y globales, se contentan con bonos.

Para el pequeño comercio, que sustenta buena parte del empleo: flexibilidad crediticia y tributaria (es decir, más endeudamiento); para los trabajadores: acceso extraordinario a los fondos del seguro de cesantía (es decir, más precarización); y para los independientes que boleteen: el bono “Covid-19” de 50 mil pesos (es decir, un chiste).

Estamos frente a un Estado que le pide a la gente que se cuide y haga cuarentena, pero no le garantiza que vaya a tener qué comer ni donde dormir si no puede ir a trabajar, poniendo a competir el derecho a la salud con el derecho a la vivienda, por ejemplo.

[1] Datos de la fundación Sol.